Imagen de Encabezado 1, embarcaciones en la orilla.

Imagen de Encabezado 2, personal Armada de Chile en formación

Imagen de Encabezado 3, Ejercito de Chile apoyando en desastres
Imagen de Encabezado 4, Ejercito de Chile en ejercicios de guerra
Imagen de Encabezado 5, Helicoptero
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Ministerio de Defensa Nacional

9 de enero de 2018

Nuevos desafíos, nuevos escenarios

La globalización es un fenómeno a nivel mundial que ha alcanzado a todas las naciones. En Chile, como nunca antes en nuestra historia, se ha instalado con fuerza procesos tecnológicos, económicos, sociales y culturales que nos ha permitido un salto paradigmático en tecnología y comunicaciones con una influencia predominante en nuestra sociedad.

Algunos cambios nos aportan avances relevantes, otros podrían crearnos dificultades impredecibles. Nuestro país es permeable a los cambios y debe ser capaz de adaptarse y en este sentido, como Defensa Nacional se deben considerar los nuevos escenarios y actuar en consecuencia.

En este contexto, en su cuarta versión, el Libro de la Defensa Nacional (LDN 2017) constituye la expresión más acabada de la Política sectorial, que da cuenta del más reciente proceso modernizador experimentado por el sector, así como de los cambios nacionales y globales que impactan en la Defensa.

Como resultado, el LDN 2017 abarca temáticas abordadas desde las bases fundamentales del Estado hasta la contribución de organismos militares al desarrollo del país, los mecanismos de gestión de los recursos financieros e iniciativas de transparencia y control.

Cabe destacar una serie de nuevos elementos considerados, donde se dedica una sección especial al contexto político y estratégico internacional en el que se inserta la Defensa, que incluye nuevos desafíos globales: el cambio climático, el ciberespacio y las innovaciones científicas y tecnológicas.

Asimismo, dada la creciente actividad internacional de la Defensa Nacional, se otorga especial énfasis a la cooperación internacional y la construcción de una Zona de Paz en América Latina.

En cuanto a la Política de Defensa Nacional en sí misma, se destaca el desarrollo de la institucionalidad conjunta, el fortalecimiento de la conducción civil del sector, el tránsito hacia un proceso de planificación basado en capacidades, de carácter único e integrado, que considera las distintas Áreas de Misión en las cuales las instituciones armadas realizan sus actividades.

En lo que respecta a la Política Militar –es decir, el conjunto de políticas sectoriales dirigidas hacia las Fuerzas Armadas y que, son subsidiarias de la Política de Defensa-, destaca la promoción de los derechos humanos, la inclusión y no discriminación, y el enfoque de género en el desarrollo de las instituciones que las integran. Finalmente, se incorporan nuevas políticas sectoriales en el ámbito de la seguridad y la defensa, tales como la Política de Ciberdefensa y la Política de Cambio Climático para la Defensa.

Política Antártica

Una prioridad para el gobierno y para la Defensa Nacional es el continente blanco. Sus enormes capacidades para el futuro del mundo hacen que nuestra presencia activa sea de principal importancia. Es preciso velar por esta reserva de la humanidad y apoyar las actividades científicas que allí se realizan.

El potenciamiento de nuestras bases cumple un objetivo estratégico fundamental. Es un hecho que nuestro país es la principal puerta de entrada a la Antártica y las Fuerzas Armadas constituyen el principal soporte para quienes llegan a la zona austral. Su situación política deriva de la vigencia del Tratado Antártico, firmado en el año 1959 y ratificado por los gobiernos signatarios en el año 1961.

Las Fuerzas Armadas actúan como “Operadores Antárticos”, brindando apoyo logístico a la intensa actividad científica que allí se desarrolla. En labores de colaboración y seguridad, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se erigen como el principal soporte de la Política Antártica Nacional, con bases equipadas con tecnología de punta y personal altamente calificado.

El Ejército cuenta con la “Base O’Higgins”, mientras la Armada opera con la “Base Naval Capitán Arturo Prat”, desde donde coordina y controla todo el tráfico marítimo en la zona. La Fuerza Aérea mantiene la “Base Teniente Marsh”, ubicada en la Isla Rey Jorge que con su aeropuerto controla el tráfico aéreo de la zona, y forma parte del complejo “Base Eduardo Frei Montalva” que, junto a “Villa las Estrellas”, es el lugar de residencia de la dotación antártica y sus familias.

La estación “Glaciar Unión” —uno de los tres campamentos activos más cercanos al Polo Sur, a 1.080 km de distancia del Círculo Polar— es un centro de investigación de gran relevancia, un aporte fundamental para científicos que buscan nuevas formas de vida en ese ambiente extremo con investigación en áreas como biología, geología y glaciología, además de indagar sobre los efectos del calentamiento global.

Los esfuerzos por mejorar y mantener la infraestructura, bases y estaciones en el territorio Antártico son claros y, en este sentido, destaca la construcción del nuevo Buque Antártico que reemplazará al rompehielos Viel. Asimismo, es relevante el esfuerzo, en conjunto con la Fuerza Aérea y la Intendencia de Magallanes, para la adquisición de dos aviones que permitan la conectividad permanente desde Punta Arenas. El proyecto del Ejército de potenciar la Base O’Higgins, con personal especializado y con capacidad para que los científicos puedan permanecer durante todo el año, también es de vital importancia.

Es cada día más trascendental nuestro trabajo diario y permanente en el continente Antártico, facilitando la actividad científica y colaborando con la protección del medio ambiente, el personal de las dotaciones y el turismo que crece sostenidamente. Nuestra presencia adquiere relevancia ad portas de una nueva discusión del Tratado Antártico el año 2022, donde se debería perfeccionar el carácter impoluto del continente blanco.

Cambio Climático

No es solo la tecnología la que altera nuestras concepciones sobre seguridad y defensa, sino también los fenómenos naturales que afectan crecientemente nuestro territorio. El medioambiente y, en particular, los riesgos asociados al cambio climático y al calentamiento global, se han posicionado en el centro del debate internacional en los últimos años, lo cual también toca la seguridad internacional.

Chile se enmarca entre aquellos países con alta vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático y se prevé que se verá afectado en los próximos años, principalmente por la disminución de las precipitaciones, el aumento de las temperaturas y el incremento de los eventos extremos. En este contexto, a nivel nacional e internacional, el Gobierno ha realizado diversos esfuerzos para contribuir a disminuir los efectos nocivos para el medio ambiente con medidas de mitigación y de adaptación que se haga cargo de los efectos asociados al cambio climático.

El ámbito de la Defensa Nacional no es ajeno a esta realidad. Este puede verse afectado por los impactos del cambio climático como deshielos, aumento del nivel del mar, temperaturas extremas, aumento de desastres naturales. Para hacer frente a estos fenómenos, se ha elaborado una Política de Cambio Climático para la Defensa, la cual se concentra en tres ejes:

1.- Cambio climático como variable estratégica,
2.- Adaptación de la defensa a los efectos del cambio climático.
3.- Medidas sectoriales de mitigación.

En cada uno de estos ejes, se establecen las acciones generales para que, una vez entrada envigor la Política, comience a desarrollarse el trabajo de formulación de planes y estrategias que consideren el cambio climático y sus impactos en los diversos quehaceres de la defensa, lo que permitirá la posterior aplicación de medidas en esta materia.

Está Política, que esta en poder de la Presidencia de la Republica, incluye también los instrumentos y requerimientos sectoriales que serán necesarios para su implementación.

Ciberdefensa

Dentro de los nuevos desafíos que Chile enfrenta en materia de relaciones exteriores, seguridad pública y defensa nacional, se hace necesario garantizar la seguridad de los chilenos en el ciberespacio. Esta nueva dimensión donde interactúan las personas, empresas y estados, obliga a entregar certezas a los usuarios, ellos deben tener la seguridad que sus comunicaciones, transacciones, uso de servicios gubernamentales y otras interacciones en Internet se encuentran protegidas de manera que ningún delincuente u otro Estado pueda irrumpir en nuestras redes, afectando nuestros derechos.

En abril del año 2017 la Presidenta Michelle Bachelet aprobó la Política Nacional de Ciberseguridad, que proteja la seguridad del país, sus instituciones y los derechos de las personas en este ámbito. Esta Política Nacional es un insumo imprescindible en el proceso de desarrollo de capacidades y de políticas propias en la materia para el sector de la Defensa Nacional.

Asimismo, forma parte de la Política de Defensa y, por tanto, sostiene los mismos principios básicos que tienen plena expresión en el ciberespacio: el respeto del derecho internacional público, incluyendo la abstención del uso y la amenaza del uso de la fuerza, la legítima defensa, y el respeto a la soberanía; la promoción de la democracia y el respeto a los derechos humanos; y la protección de la población, de los intereses nacionales, y de la integridad territorial; y, finalmente, constituye un esfuerzo concreto que permite promover la implementación de medidas de transparencia y generación de confianzas del sector defensa en la Región, aspectos imprescindibles para la mantención de la paz y la seguridad en América Latina.

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Cooperación Internacional

Dentro de las políticas del Ministerio de Defensa está impulsar y promover la cooperación internacional, en el marco de velar por la paz y la seguridad en todas las regiones del mundo como un objetivo estratégico. La cooperación internacional cumple un rol esencial y, en este marco, nuestro país es un actor relevante que busca promover la paz y la seguridad. Esto no solo es un imperativo ético, sino un objetivo de Estado.

Un objetivo estratégico del gobierno ha sido la cooperación con otras regiones y contribuir a mantener la estabilidad global, para lo cual nuestro país entiende las Misiones de Paz como una prioridad y un aporte a la seguridad internacional.

Desde el 2004 las Fuerzas Armadas chilenas estuvieron en Haití, contribuyendo a su estabilización política, en tanto nuestras tropas adquirieron una amplia experiencia, entregando un apoyo importante a su población y protegiendo a las víctimas de la violencia.

Tras abandonar el país caribeño luego de 13 años, la Defensa Nacional asumió nuevos desafíos como la participación en el proceso colombiano, un hito global en materia de resolución de conflictos, proceso que tiene vital importancia en la región. Chile ha contribuido con miembros de las Fuerzas Armadas para terminar con el último conflicto en América Latina, que ha durado 52 años. El General de Brigada del Ejército, Carlos Ricotti, ha sido designado Asesor Militar Principal (Senior Military Advisor) de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia a partir de enero de 2018.

La participación chilena en la República Centroafricana también es relevante. El Ministerio de Defensa Nacional y el Estado Mayor Conjunto, cumpliendo instrucciones presidenciales, a partir de febrero del 2016 desplegaron oficiales de las Fuerzas Armadas. En la MINUSCA (Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana) permanecen cuatro Oficiales Jefes de las FF.AA., ocupando cargos de Estado Mayor en Cuarteles Generales en las ciudades de Bangui y en Kaga Bandoro de la República Centro Africana. Se espera desplegar un total de 75 efectivos dada su continuidad por un año más.

A estas operaciones de paz, se suma la labor de nuestro país en Bosnia y Herzegovina, y en la República de Chipre. También se desempeñan oficiales como observadores en India-Pakistán y en el Medio Oriente.

Las misiones de paz no solo están enfocadas en la paz y seguridad, sino en tareas de largo plazo, como facilitar procesos políticos, ayudar en el desarme, la desmovilización y la reintegración de ex combatientes, apoyar la organización de procesos electorales, proteger y promover los derechos humanos y ayudar a restablecer el estado de derecho.

Desminado

Por otra parte, en el marco del compromiso de Chile con los tratados internacionales está la labor de desminado, en concordancia con el Convenio de Ottawa, suscrito por Chile el 2002, el acuerdo más importante en materia de desarme. A través de la Comisión Nacional de Desminado se ha continuado con la detección, remoción y eliminación de minas antipersonales y antitanques en zonas fronterizas del territorio nacional. Actualmente, de las 181.814 minas sembradas en diferentes áreas del territorio nacional, se han destruido 160.262, correspondientes al 88% de los campos minados existentes. Para este 2018 se espera lograr llegar al 91% y el 2020 al 100%.

Un hecho destacado es que en mayo de 2017 se efectuó la ceremonia de firma de actas de liberación de 13 campos minados en Pampa Concordia, ubicada al sur de Quebrada de Escritos, a 12,3 kilómetros al este de la desembocadura de la Quebrada Escritos, en Arica, cuyos terrenos fueron entregaron a la comunidad por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, de una superficie aproximada 1.787.014 metros cuadrados.

Nuestro país ha desplegado esfuerzos para lograr que las víctimas de minas accedan a una atención integral en salud y, desde el año pasado, somos el primer país del mundo que tiene una Ley que proporciona reparación a las víctimas. Se trata de la Ley de Reparación a Víctimas de Artefactos Explosivos y Minas Antipersonales —promulgada por la Presidenta de la República el 24 de julio de 2017— normativa pionera porque incorpora en un mismo cuerpo legal a las víctimas de tres Convenciones sobre desarme que ha suscrito Chile (Convención de Oslo, sobre Ciertas Armas Convencionales y Ottawa), hecho destacado por la comunidad internacional.

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