CLASE INAUGURAL AÑO ACADÉMICO DE LA DEFENSA NACIONAL

Hoy damos inicio a las actividades docentes de las academias y escuelas de las instituciones de la defensa nacional.

En marzo de 1995 – hace ya 17 años – se realizó por primera vez esta ceremonia. En esa oportunidad, el Ministro de Defensa de la época, Edmundo Pérez Yoma, señaló que, después de cinco años de funcionamiento del ordenamiento institucional democrático, era posible enfrentar las tareas principales de la defensa sobre la base de resituar su eje principal; fortalecer las instituciones armadas y de orden y explicitar la política del sector hacia adelante.

A través del tiempo, este acto ha devenido en una tradición, convocando, además de autoridades e invitados, a profesores y alumnos de las academias y escuelas de la defensa nacional, quienes han sido testigos de la evolución de las políticas del sector hasta la promulgación del nuevo estatuto orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, hace poco más de un año.

Por cierto, la situación actual en el año 2011 es muy distinta a la del año 1995.

Hoy el principal desafío es avanzar hacia una nueva dimensión de la defensa, caracterizada por una mayor participación de la sociedad civil, junto a las autoridades públicas responsables de formular las políticas y a las instituciones armadas a quienes corresponde ejecutar las acciones del sector.

Por lo mismo, hemos convocado a un número importante de académicos, profesionales y estudiantes de educación superior, a fin de que aprecien tanto los puntos esenciales de la agenda de seguridad y defensa, como los desafíos que ella implica, con el objeto que, al igual que lo que ocurre en el mundo militar, en sus propios ambientes de pensamiento se abran caminos de reflexión y lugares de debate, necesarios para que surjan ideas y conceptos en beneficio del país.

RECONOCIMIENTO A LAS FUERZAS ARMADAS POR SU LABOR EN EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN

Hace pocos días atrás se cumplió un año desde que tuvo lugar uno de los mayores desastres naturales de la historia de nuestro país y, por qué no reiterarlo, de la humanidad: el quinto terremoto más fuerte del que se tenga registro.

Cuando exista la perspectiva que sólo otorga el tiempo, quedará de manifiesto la magnitud del esfuerzo desplegado en las tareas de reconstrucción por el país entero bajo la conducción del gobierno del Presidente Piñera y sus evidentes logros. Sin embargo, capítulo aparte merecerá el papel jugado por las instituciones de la defensa nacional.

En ese contexto, el informe entregado al Presidente de la República, por el Ministerio de Defensa a mediados del mes de febrero pasado es elocuente.

El Ejército, tan pronto fue convocado, actuó con la determinación y energía que lo caracteriza para imponer el orden en las zonas más afectadas y luego se volcó a las tareas de reconstrucción. Entre otras innumerables obras, con su aporte fueron construidas más de 50.000 viviendas sociales, el trabajo en escuelas modulares permitió la oportuna vuelta a clases de más de 3.500 alumnos; se removieron medio millón de metros cúbicos de escombros y se realizaron valiosas tareas de preservación del patrimonio cultural, salvando literalmente construcciones, casas y edificios de irremplazable valor.

Más allá de lo expresado, hoy quiero destacar un hecho poco conocido: 1.200 soldados conscriptos prolongaron voluntariamente su servicio militar para seguir colaborando con la reconstrucción del país.

¡Que mejor señal de los valores que el Ejército inculca a su hombres!

La Armada de Chile no se quedó atrás. Contribuyó, a través de su Infantería de Marina, a las tareas de control del orden público y trabajó también en la construcción de viviendas y sedes sociales, en el desvaramiento de embarcaciones de diverso tonelaje – la gran mayoría pertenecientes a la pesca artesanal – y empleó buques y aeronaves en tareas de traslado de materiales, junto a una intensa labor para evacuar enfermos y heridos.

Mención aparte merece el esfuerzo hacia el archipiélago Juan Fernández, mediante el cual la Armada materializó un enorme operativo de limpieza de escombros y traslado de materiales a través de un verdadero tren marítimo, para luego coordinarse eficazmente con el gobierno regional y municipal a fin de dar impulso a un proceso de reconstrucción que permitirá no sólo restaurar los daños de un lugar de evidente tradición histórica y garantizar su valioso patrimonio natural que alberga un alto porcentaje de especies endémicas, transformándolo en uno de los más ricos del planeta en cuanto a biodiversidad, sino, además, aspirar a un logro superior: Que la reconstrucción, junto con dejar atrás la tragedia, permita que las instalaciones, las viviendas y los servicios públicos sean mejores que aquellos que arrasó el mar.

La Fuerza Aérea, por su parte, estableció el puente aéreo más grande de la historia de Chile, efectuando más de 2.000 vuelos, transportando más de 17.000 personas y más de 2.500 toneladas de carga. También merece destacarse el denominado “Plan Lolol”, un completo operativo humanitario y social para ir en ayuda de esa devastada comuna de la VI Región. Dicha experiencia es un modelo de trabajo participativo y de organización comunitaria que constituye un ejemplo – por qué no decirlo – que muchas autoridades locales civiles debieran seguir.

A las tareas propias de la reconstrucción, la Fuerza Aérea agregó un trabajo orientado a mejorar la calidad de vida de la comunidad, mediante operativos médicos y dentales, mejoramiento de la infraestructura educacional, instalación de laboratorios de computación y diversas tareas vinculadas al desarrollo, particularmente a partir de las posibilidades originadas en un sistema de información geográfica para la planificación territorial que puede ser palanca para el desarrollo local.

¡La eficiencia con que cumplieron las distintas tareas asignadas, la iniciativa demostrada para abordar situaciones imprevistas, pero sobre todo la solidaridad reflejada en cada una de sus acciones explican por qué nuestras Fuerzas Armadas se han ganado un lugar de privilegio en el corazón de los chilenos!

CHILE EN EL UMBRAL DEL DESARROLLO

Estamos, asimismo, a pocos días de cumplir el primer año del gobierno encabezado por el Presidente Sebastián Piñera.

El presente año 2011 está llamado a ser aquel en que se desplieguen con toda su fuerza las iniciativas y proyectos del programa del actual gobierno cuya meta global es ambiciosa; pero factible: transformar a Chile en el primer país desarrollado de América Latina.

A 200 años de su independencia, a través del esfuerzo acumulado de distintas generaciones, mediante los aportes efectuados por gobiernos de todos los signos políticos y visiones ideológicas y gracias a la contribución de una sociedad civil cada vez más vigorosa, vital y exigente, Chile está a las puertas de alcanzar ese anhelo.

En todo caso, Chile no aspira a cualquier desarrollo: El desarrollo que queremos alcanzar es uno con grados crecientes de riqueza material; pero distribuida con justicia; un desarrollo apoyado en una democracia estable con niveles altos de participación cívica, un desarrollo basado en un estado de derecho que favorezca siempre la ampliación de las libertades individuales.

Dicho lo anterior es pertinente preguntarse: ¿A qué distancia se encuentra Chile del desarrollo?

Aun admitiendo sus limitaciones metodológicas, el Banco Mundial clasifica a los países en cuatro categorías (ingreso bajo, ingreso medio bajo, ingreso medio alto, e ingreso alto) y define la línea del desarrollo en una cifra: para el período julio 2010-julio 2011 en US$ 12.196 de ingreso per cápita, calculados conforme al método Atlas. Si descontamos las naciones con menos de 4.000.000 de habitantes, apenas 31 países, de un total superior a los 200, están por sobre esa línea.

¿A qué distancia estamos nosotros? Chile tiene US$ 9.470 per cápita, es decir estamos a US$ 2.726. Dicho de otro modo, el ingreso per cápita actual de Chile es un 77,6% del valor del umbral.

Simplemente para tener una referencia: China está a US $ 8.546 y la India a US$ 11.016 del umbral del desarrollo. Otro gigante, Brasil, está a US$ 4.156 de distancia. Nuestros vecinos, Argentina, Perú y Bolivia están respectivamente a US$ 4.646, US$ 7.996 y US$ 10.566.

La otra cara de la medalla es que Chile tiene una tasa de desigualdad muy elevada: El promedio del indicador Gini (que mide la desigualdad siendo 0 el guarismo para la igualdad perfecta y 100 para la desigualdad absoluta) es de 32.30 para los 31 países que han cruzado el umbral del desarrollo, mientras que en nuestro caso la cifra es de 52.00, lo que nos coloca en una inconfortable posición: Estamos entre los países más desiguales del mundo.

POLÍTICA DE SEGURIDAD: UN DEBATE ABIERTO

Chile ha venido reflexionando en profundidad y paulatinamente logrando acuerdos básicos acerca de las acciones que debe emprender para alcanzar el desarrollo.

Tal capacidad de acuerdo forma parte de la “singularidad chilena”.

Chile, a diferencia de muchas naciones, es un país con la inteligencia social suficiente para compatibilizar la vitalidad que emerge de las controversias propias de una democracia madura con la estabilidad que emana de la capacidad para alcanzar convergencias.

Sin embargo, el país no parece haber realizado con la intensidad y cobertura suficiente – más allá de los ámbitos propios de la defensa – y dejando expresa constancia del innegable aporte de los llamados “Libros de la Defensa Nacional” cuya tercera versión fue publicada en enero del año 2010 – el necesario intercambio de ideas para resolver una cuestión central:

¿Qué política de seguridad, qué política de defensa y qué política militar necesita Chile en el umbral del desarrollo?

La seguridad ha sido definida, en términos muy amplios, como aquella condición variable que permite a los Estados avanzar hacia objetivos predeterminados y resguardar los intereses nacionales con la menor interferencia de amenazas, riesgos, vulnerabilidades y otros obstáculos de envergadura. Es una condición necesaria para alcanzar los fines del Estado y la nación, particularmente los del desarrollo social y económico.

En lo referente a la seguridad, el programa de gobierno del Presidente Piñera se ha planteado un objetivo innovador: Hacer por primera vez explícita la Estrategia de Seguridad del país, previa consulta al Senado y al Consejo de Seguridad Nacional, para darle efectivamente el carácter de una política de Estado.

Cuando hablamos de una estrategia o política de seguridad ¿A qué nos estamos refiriendo?

La estrategia de seguridad del Reino Unido, publicada el año pasado, aporta una visión secuencial del trabajo que tenemos por delante: En el caso británico el documento describe el contexto estratégico internacional en que el Reino Unido opera y explícita los fines, esto es los objetivos nacionales, a partir de tal contexto. A continuación define vías, esto es, la forma en que aspira a alcanzar tales fines y por último define los medios, es decir, los recursos que el Reino Unido destinará a lograr tales fines.

A fin de compartir la idea general del contenido de una estrategia de seguridad, es interesante, por ejemplo, revisar la expuesta por Australia en su “Defence White Paper 2010”.

En ella se parte por asegurar la defensa, incluyendo aquellas amenazas que puedan tener su origen en otros Estados o en “actores no estatales con la capacidad de emplear armas de destrucción masiva” (WMD) y se establece como objetivo “la seguridad, estabilidad y cohesión de su vecindario inmediato (inmediate neighbourhood) refiriéndose explícitamente a Indonesia, Papua Nueva Guinea, Timor Oriental, Nueva Zelanda y las islas del Pacífico Sur”. Asimismo, Australia se compromete con un orden internacional que restrinja la agresión entre Estados, sea capaz de controlar amenazas como la proliferación de armas de destrucción masiva, el terrorismo y la fragilidad y eventual fracaso de los Estados, los conflictos intra-estatales y los impactos en la seguridad del cambio climático y la escasez de recursos naturales.

En el caso de España, su primera estrategia de seguridad actualmente se encuentra en proceso de aprobación.

El documento, titulado, ”Estrategia Española de Seguridad: una responsabilidad de todos” establece como principales amenazas para España el terrorismo, el crimen organizado, la inseguridad económica y financiera, la vulnerabilidad energética, la proliferación de armas de destrucción masiva, los ciberataques y los flujos migratorios no controlados. A esta lista se añaden los conflictos armados y las catástrofes naturales.

En cada una de esas estrategias, los países, junto con exponer las principales amenazas a su normal desenvolvimiento, dan a conocer las respuestas de los Estados con el objeto de evitar su manifestación o, de concretarse éstas, las respuestas para contenerlas eficientemente, considerando en las tareas destinadas a tales fines todas las capacidades nacionales disponibles.

¿Necesita Chile una estrategia de seguridad en los términos delineados?

Digámoslo claramente: Quizás el Chile de hace cuarenta años – caracterizado por una economía cerrada, renuente a la inversión extranjera y mono exportador – no la requería. Le resultaba suficiente una política de defensa con énfasis en lo vecinal. Ni la seguridad hemisférica, ni las garantías para el comercio ni la estabilidad política regional eran aspectos prioritarios.

Sin embargo, esos temas sí son relevantes para un país en el umbral del desarrollo, con una economía abierta al mundo, volcada hacia las exportaciones a todos los mercados y con cada vez más cuantiosas inversiones chilenas en América Latina.

En términos gruesos, conforme a datos del Banco Central, en la última década la inversión directa de Chile en América Latina ha superado los US$ 23.000 millones de dólares, constituyendo Brasil, Argentina, Panamá, Perú y recientemente Uruguay los principales destinos de la misma.

LA PRESENCIA CHILENA EN HAITÍ

Es en ese contexto que debe analizarse, por ejemplo, la presencia de tropas chilenas en Haití, muestra evidente del compromiso de Chile por la paz y la asistencia humanitaria a poblaciones afectadas por una crisis, en este caso generada por la existencia de un “Estado fallido”, incapaz de satisfacer las necesidades básicas de su población.

Además de dar cumplimiento a ese compromiso, el despliegue de fuerzas militares claramente responde a dos ejes de nuestra política de defensa: contribuir a la disuasión y participar activamente en acciones de cooperación internacional especialmente en el ámbito latinoamericano, una de las prioridades de nuestra política exterior. Un antecedente a tener en cuenta es que en estos siete años, el país ha contado tanto con la presencia de un diplomático chileno, el ex Embajador y ex Canciller Juan Gabriel Valdés, conduciendo la misión de Naciones Unidas, como con los generales Eduardo Aldunate, Ricardo Toro y Carlos Mezzano ocupando la segunda posición de mando sobre las fuerzas militares allí empleadas.

Por último, ese despliegue nos ha permitido compartir responsabilidades con Argentina, con quien nos encontramos en la etapa final para poner a disposición de Naciones Unidas la Fuerza Conjunta Combinada “Cruz del Sur” y con Brasil, una potencia emergente y uno de los más importantes aliados estratégicos de Chile, cuyas Fuerzas Armadas mantienen niveles profesionales de excelencia.

En ese contexto, los sucesivos gobiernos que han resuelto la permanencia chilena en Haití han actuado permanentemente en función de una realidad política innegable: Si bien se trata de un esfuerzo de la comunidad internacional por crear las condiciones que permitan a Haití alcanzar la calidad de “Estado en forma”, América Latina debe esforzarse al máximo para que ello se logre dentro de un plazo razonable, lo que implica mantener el compromiso adquirido; pero, a la vez, también obliga a realizar ajustes respecto a las tareas que actualmente se realizan en dicho país.

Chile debe permanecer en Haití, pero el gobierno planteará que la presencia internacional debe condicionarse al cumplimiento de objetivos concretos y dentro de plazos definidos.

Otro ejemplo de porqué Chile necesita una política de seguridad en los términos enunciados resulta más que claro cuando se observa el esfuerzo que estamos haciendo en el llamado “Arco del Pacífico”, cuyo propósito es construir caminos de complementación e integración con Asia, aumentado el intercambio entre los Estados que lo componen con el principal polo de crecimiento económico mundial, lo que requerirá establecer acuerdos y disponer medidas colectivas de seguridad para contrarrestar los riesgos provenientes de la piratería, el narcotráfico, la depredación de los recursos pesqueros, la degradación del medio ambiente y la inmigración ilegal en el área del Pacífico.

Dicho aún más claramente: Chile no puede aspirar a disfrutar de todas las posibilidades que provengan de su condición de país desarrollado haciendo caso omiso de las responsabilidades que vienen de la mano de ese mismo carácter. Puesto de otra manera, en una perspectiva contemporánea aplicable a un país desarrollado: La estabilidad y seguridad internacionales tendrán cada vez más un lugar destacado en la agenda nacional.

LA ENERGÍA: PRINCIPAL VULNERABILIDAD DE CHILE EN MATERIA DE SEGURIDAD

Y, por último, es en el horizonte amplio de la perspectiva de la seguridad que debiera analizarse, por ejemplo, lo que significa para el país la situación de la energía: Chile tiene en ese campo una importante vulnerabilidad producto de su dependencia externa, la estructura de su matriz energética y el atraso en los proyectos necesarios para dar respuesta a la demanda.

Chile ha presentado históricamente una elevada dependencia energética exterior que alcanza aproximadamente a dos tercios del consumo total de su energía primaria. Entre las fuentes externas se encuentran el petróleo, el gas y el carbón. El primero alcanza alrededor del 70% del total de la energía primaria importada, con el agravante de su elevada volatilidad de precio y, como se ha demostrado en estos días, también de su volatilidad política.

Un sólo dato: Hay estimaciones que indican que en caso de un cese abrupto de importaciones de crudo y sus derivados, las reservas nacionales se agotarían en 30 días.

Esta alta dependencia externa nos hace vulnerables por la concentración en pocas fuentes, porque el país no cuenta con una reserva estratégica de combustibles, porque la infraestructura de importación también tiene alta concentración geográfica y porque el transporte terrestre es la única vía para llegar a los puntos de consumo.

La Unión Europea también presenta una elevada dependencia energética exterior, pero por lo mismo es que se encuentra implementando políticas tendientes a incrementar su seguridad de suministro a través del uso racional de la energía, la diversificación de fuentes,  el mayor uso de energías autóctonas y renovables competitivas, la logística a nivel regional para lograr respaldos cruzados en caso de catástrofes naturales u otro tipo de eventos que limiten el acceso a la energía y la creación de un marco que estimule las inversiones en infraestructura energética con el objeto de hacer frente a un aumento de la demanda.

¿Qué debe hacer Chile para alcanzar un mayor estándar de seguridad energética?

En concordancia con lo que ha planteado el gobierno, y desde la perspectiva de la seguridad que es la que compete a este Ministerio, nuestro país debe incentivar la diversificación de fuentes utilizando los recursos naturales renovables disponibles, impulsar proyectos hidroeléctricos, geotérmicos y eólicos competitivos, prepararse para el desarrollo futuro de otras tecnologías que aun no alcanzan niveles de costo-eficiencia como son las plantas solares y, por cierto, abrirse al estudio de la energía nuclear.

Hay que asumir de una vez por todas que la actual vulnerabilidad energética no es sólo un problema económico sino una amenaza cierta a la seguridad del país.

UNA POLÍTICA DE DEFENSA EN SINTONÍA CON UNA DE SEGURIDAD

Ahora bien, la seguridad de la nación demanda una política de defensa.

¿Cuál es, en ese escenario, la principal tarea de la política de defensa? Garantizar la seguridad externa del país.

En relación a tal punto, Chile ha definido que la orientación de su política como defensiva y disuasiva, lo que es coherente con otras definiciones: Nuestro país no abriga propósitos agresivos contra ninguna nación ni tiene reivindicaciones territoriales. Sí tiene la determinación de proteger su población, salvaguardar su independencia política, su soberanía nacional y su integridad territorial.

Por cierto, para cumplir tales tareas, la política de defensa se enlaza – entre otras – con la política de relaciones internacionales para garantizar la seguridad externa, con la política de orden interno cuando su presencia es necesaria conforme a los estados de excepción constitucional y con la política de emergencia y protección civil, desde donde absurdamente las Fuerzas Armadas habían sido colocadas en una posición marginal e irrelevante, lo que ha sido corregido con la ley llamada a reemplazar la antigua ONEMI.

A su vez, toda política de defensa requiere de una estructura orgánica – el Ministerio respectivo -; un andamiaje legal; un financiamiento suficiente y estable; y, por último, mecanismos de gestión, control y participación para garantizar eficiencia técnica, transparencia ciudadana y legitimidad política.

En esta línea de razonamiento, hay que considerar que debiendo encarar el país nuevos problemas de seguridad y mayores responsabilidades y requerimientos internacionales, habrá que pensar en entornos y escenarios de eventual empleo de la fuerza militar más complejos y exigentes.

POLÍTICA MILITAR: NUEVAS EXIGENCIAS PARA LAS FUERZAS ARMADAS

En consecuencia, se requerirá de Fuerzas Armadas que obedezcan a las reales y cambiantes necesidades de seguridad y defensa de Chile; sustentables, es decir, que dispongan de los recursos necesarios para operar y mantener su capacidad de empleo; integradas, a fin de que cuenten con estructuras comunes en los niveles de mando y planificación, junto a la estandarización de procesos y equipamiento que permita el apoyo mutuo entre los medios terrestres, navales y aéreos; interoperables, o sea, capaces de ser empleadas en forma conjunta bajo estándares comunes en los niveles que corresponda, tanto a nivel nacional como internacional; y complementarias, en el sentido de que la capacidad de una fuerza conjunta sea mayor a la suma de las capacidades de las fuerzas institucionales que la integran, evitando duplicidad de funciones.

Chile necesita una estructura de la fuerza militar que, además de otorgar una mayor eficiencia en el cumplimiento de sus misiones tradicionales, permita su empleo en tareas de cooperación a la seguridad; en la articulación del territorio, en los esfuerzos destinados al desarrollo del país y en el apoyo a la población civil.

UN PASO TRASCENDENTE: EL NUEVO MINISTERIO DE DEFENSA

En la perspectiva antes señalada no hay duda que la estructura del sistema de defensa establecido con la promulgación de la ley del Ministerio el 4 de febrero de 2010 vino a reemplazar un marco normativo de más de 70 años de antigüedad, lo que constituye un hito trascendente.

La tramitación legislativa, iniciada durante el gobierno del Presidente Lagos y culminada en el gobierno de la Presidente Bachelet se prolongó por casi cinco años y también permitió expresar la “singularidad chilena”: La ley fue virtualmente aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional.

¿Cuáles son los ejes centrales del nuevo Ministerio?

En primer lugar, se ha mantenido inalterada la lógica tradicional de nuestro ordenamiento institucional, cual es que al Presidente de la República le corresponde “todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de acuerdo con la Constitución y las leyes”.

En segundo lugar, se ha fortalecido el rol del Ministro de Defensa, a quien le corresponde la colaboración directa y exclusiva al Jefe del Estado, tanto en la conducción de la defensa en las situaciones de crisis internacional o guerra externa, como en el ejercicio de la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, dotándosele, en esta última circunstancia, de facultades legales con el objeto de integrar todas las capacidades del país para ese fin, facultades que antes no se encontraban establecidas en norma alguna. No menos importante es que el Ministro presida la Junta de Comandantes en Jefe.

En tercer lugar, el Ministerio se estructura a partir de tres órganos: la Subsecretaría de Defensa; la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto, a los que se agrega un cuarto de gran relevancia: la Junta de Comandantes en Jefe.

A la Subsecretaría de Defensa le corresponde mantener las condiciones para llevar a cabo los procesos de nivel político del sector y mantener estrecha coherencia de tales procesos con nuestra política exterior. En ese esfuerzo, destacan sus responsabilidades de proponer la política de defensa y la política militar; efectuar el análisis político y estratégico necesario para mantener actualizada la apreciación de riesgos y las amenazas a la seguridad; proponer la planificación primaria de la defensa que de aquélla se derive y determinar las capacidades militares que requiere el Estado para ejecutarla. Dentro de sus funciones, se destaca la facultad de convocar y asegurar la participación de los distintos sectores del Estado en los procesos de elaboración de las políticas y planes antes mencionados, cuya integración en la antigua estructura de la defensa nacional por campos de acción era difícil de conseguir y que hoy se practica plenamente.

A la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que en su primer año de funcionamiento ha debido integrar las antiguas Subsecretarías de Guerra, Marina y Aviación, armonizando estructuras de personal y formas de trabajo diferentes, producto de largos años de ejercicio de funciones de manera independiente, le corresponde ejercer la formulación de políticas y la gestión de los asuntos y procesos administrativos que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas requieren para el desarrollo de la fuerza y el cumplimiento de sus funciones.

El Estado Mayor Conjunto está llamado a superar un problema de evidente complejidad y común a todos los países: ¿Cómo lograr, en primer lugar, la preparación conjunta y, luego, en situaciones de crisis o conflicto bélico, la conducción conjunta de las Fuerzas Armadas?

Hasta antes de la actual ley la premisa era la ausencia de una autoridad permanente responsable de la preparación y del empleo de las fuerzas militares asignadas a las operaciones.

Tal vacío es el que viene a llenar el Estado Mayor Conjunto, órgano a quien la ley le otorga claras atribuciones en todo lo relativo a la “preparación y entrenamiento conjunto de las Fuerzas Armadas”. De igual modo, al Jefe del Estado Mayor Conjunto le corresponde en situaciones de crisis y conflicto bélico “ejercer el mando militar de las fuerzas terrestres, navales, aéreas y conjuntas asignadas a las operaciones” e igual responsabilidad respecto “de las tropas y medios nacionales que participen en misiones internacionales de paz”.

Por lo mismo, no hay ambigüedad alguna en cuanto a su ámbito de acción. Y como se ha clarificado recientemente “una recta interpretación de la ley vigente, no abre espacio alguno para conflictos institucionales, controversias acerca de jerarquías, contiendas sobre niveles de mando o disputas de competencia. El lugar institucional del Jefe de Estado Mayor Conjunto no es equivalente al de los Comandantes en Jefe, lo que no implica óbice alguno para las altas tareas que la ley le encomienda”.

La Junta de Comandantes en Jefe, que desde la década de los 60 funcionó de manera esporádica, sin lograr relevancia, fundamentalmente a raíz de la existencia de otras instancias político-estratégicas de asesoría que fueron empleadas de manera más constante, se eleva ahora a principal órgano consultor del Ministro de Defensa en materias comunes de las Fuerzas Armadas relativas al desarrollo y empleo de los medios militares y su opinión deberá ser requerida en lo que respecta a la planificación, doctrina y reglamentación conjunta de la defensa; la creación o activación de comandos y fuerzas conjuntas, la asignación de fuerzas en situaciones de crisis internacional, guerra externa y misiones de paz y las adquisiciones institucionales, comunes y conjuntas de material de guerra.

Tal estructura orgánica y andamiaje legal, junto al cambio organizacional y cultural que exige, permitirá superar las deficiencias que presentaba la defensa del país, especialmente en el campo de los procesos de planificación y control; de evaluación de proyectos y de administración de recursos.

Más aún, si se quiere destacar un rasgo, habría que decir que el nuevo Ministerio no tiene una función meramente coordinadora o administrativa respecto de las Fuerzas Armadas: le corresponde, siempre bajo la orientación del Presidente de la República, propiamente la conducción de las mismas.

Al respecto solo resta señalar que muchos de los cambios indicados anteriormente ya están en aplicación: los órganos del Ministerio se encuentran actualizando las políticas y los planes que les corresponden, enmarcados en métodos de planificación que difieren de aquellos que tradicionalmente habían orientado ese quehacer. A su vez, la próxima aprobación de los reglamentos orgánicos y la planta funcionaria significarán un paso decisivo en la implementación legal y práctica de la nueva institucionalidad ministerial.

UNA NUEVA LEY DE FINANCIAMIENTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

En el contexto de las variaciones señaladas en el proceso de planificación, cobra especial relevancia el anuncio del Presidente Piñera en el sentido que, antes del próximo 21 de mayo, enviará un proyecto de ley con el objeto de derogar la Ley Reservada del Cobre y establecer un nuevo sistema de financiamiento de la defensa.

El actual sistema simplemente no se condice con una democracia madura como la chilena y tampoco con una eficiente asignación de recursos para las Fuerzas Armadas. No hay explicación para que una ley de esta naturaleza sea secreta, no resulta razonable que la aludida asignación de recursos para la defensa dependa de una variable como es el precio internacional del cobre ni tampoco se justifica que el Congreso Nacional sea excluido de un debate que, por definición, le corresponde protagonizar, aunque ello haya ocurrido desde el año 1942 y luego la situación se haya consolidado en 1958, con la Ley Reservada del Cobre.

Ello, por cierto, no significa que las inversiones de la defensa deban discutirse anualmente, cruzadas por las contingencias políticas y por tanto se vean condenadas a una perpetua inestabilidad y a la imposibilidad de una planificación de mediano y largo plazo. Aquí no hay espacio para eufemismos: Una situación como la descrita constituiría una amenaza cierta para nuestra seguridad exterior.

¿Y entonces cuál es el camino?

El Presidente Piñera lo ha establecido y a él se ajusta el trabajo de la Comisión que está elaborando el proyecto de ley respectivo encabezada por el economista Harald Beyer: Las inversiones de la defensa deben hacerse en función de la estrategia de seguridad y defensa nacional, de la que se derivarán los requerimientos de capacidades militares. A su turno dichas capacidades deben lograrse a través de una aprobación presupuestaria plurianual y, simultáneamente, debe constituirse un Fondo de Contingencia que permita enfrentar sin dilaciones situaciones de crisis, conflicto armado o catástrofe.

No sólo eso, es necesario mejorar sustantivamente el proceso de evaluación de los proyectos de adquisición de equipos militares, incorporando al mismo criterios de estandarización y complementariedad, junto con avanzar sustantivamente en el manejo profesional de los recursos financieros, como ya se ha hecho con los fondos excedentarios de la Ley Reservada del Cobre que, como se sabe, en el futuro serán gestionados por el Banco Central, como agencia del Ministerio de Hacienda, lo que permitirá aprovechar la experiencia que el Estado de Chile ha adquirido con el manejo de fondos similares, tales como el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), todo ello considerando los objetivos definidos por el Ministerio de Defensa Nacional, los que se adoptarán considerando los requerimientos propios de las Fuerzas Armadas.

Por cierto que una tarea de esta naturaleza – propiamente de Estado – requiere de un trabajo mancomunado que ignore las fronteras entre gobierno y oposición, por lo que corresponde reiterar el llamado formulado el Presidente Piñera a todas las fuerzas políticas a protagonizar un acuerdo nacional en la materia.

En un país desarrollado no hay lugar para zonas excluidas de la deliberación democrática. La nueva ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas será la demostración definitiva de la madurez de la democracia chilena y dejará atrás décadas de desconfianza civil-militar.

ELEVAR LOS NIVELES DE TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA

Al principio de esta exposición señalé algunas de las razones por las cuales las Fuerzas Armadas reciben el cariño de la ciudadanía; pero, no es menos cierto, que situaciones irregulares, malas prácticas administrativas, vacíos normativos, conductas alejadas de criterios de austeridad y probidad, de la que ninguna organización está exenta, puede terminar por erosionar el bien ganado prestigio de las instituciones.

En este sentido la orientación que recibí del Presidente Piñera al asumir el cargo fue muy clara: Elevar los estándares de transparencia en el ámbito de la defensa nacional, cautelando el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas.

Voy a cumplir tal mandato sin ninguna vacilación y para ello el Ministerio de Defensa ha formulado una doctrina de transparencia que se apoya en cuatro principios:

El primero es el de la proactividad. Frente a cualquier situación irregular son las propias Fuerzas Armadas las que deben dar curso, sin demora ni dilación, a los procedimientos, y normas internas para esclarecer, por sí mismas, las situaciones que ameriten investigación.

El segundo es el de la celeridad. La ley, ya sea a través del estatuto administrativo o del Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas, establece plazos perentorios y fatales para realizar las investigaciones y sumarios, sancionar a los responsables si los hubiere o absolver a los imputados si respecto de ellos no hubiere cargos que formular. Pues bien, tales plazos deben cumplirse sin eternizar las indagaciones.

El tercero es el de la prevención. Este principio tiene una doble acepción: En muchos casos, en las primeras etapas de una investigación ya queda al descubierto que existen responsables de los hechos investigados y corresponde adoptar las medidas para que ellos no entorpezcan la investigacion. Asimismo, también en muchos casos, a poco andar queda de manifiesto que las irregularidades han encontrado terreno fértil en vacíos normativos. Pues bien, en tales casos, lo que se pide es adoptar desde ya las correcciones para evitar la repetición de tales anomalías.

El cuarto es el del control. Los altos mandos deben mantener un control estricto sobre las investigaciones, obviamente sin intervenir en las mismas; pero asegurando que ellas se inicien oportunamente, no se empantanen y culminen en los plazos debidos.

La doctrina de transparencia adoptada por el gobierno – que por cierto se aplica a sí mismo – lejos de ser adversa a las Fuerzas Armadas es la mejor demostración de confianza hacia ellas, ya que surge del convencimiento que la honestidad y probidad son la regla general en nuestros hombres de armas y que ellas mismas sabrán despejar las irregularidades y corregir los procedimientos defectuosos, recurriendo a los rectos valores y sanos principios que siempre las han inspirado.

OTRAS INICIATIVAS DEL PROGRAMA  DE GOBIERNO

En todo caso, las materias hasta ahora abordadas no agotan la agenda del sector prevista para el gobierno del Presidente Piñera.

A ellas, debemos sumar otras iniciativas: como se ha reseñado es prioritario completar el proceso de transformación institucional del Ministerio con el objeto de consolidar la conducción integrada del sistema de defensa nacional; también nos ocuparemos de diseñar y poner en práctica un nuevo modelo de carrera para el personal militar que atraiga postulantes calificados, retenga al personal de mayores méritos y garantice una previsión acorde con las exigencias de la carrera de las armas; avanzaremos en la modernización del gobierno corporativo de las empresas estatales de la defensa (FAMAE, ASMAR y ENAER), junto a la definición estratégica de su proyección empresarial, incluyendo su eventual asociación con entes privados o públicos; iniciaremos la tramitación legislativa de un nuevo procedimiento para la Justicia Militar junto con la modernización del Código respectivo; perfeccionaremos los mecanismos de búsqueda y admisión de quienes postulen a las escuelas matrices, asegurando que todos los jóvenes chilenos que tengan vocación militar puedan, si cumplen con las exigencias, incorporarse sin que la condición económica de sus familias sea un impedimento y continuaremos integrando plenamente a la mujer al quehacer de las Fuerzas Armadas. En ese último ámbito, donde tanto se ha avanzado en los últimos tiempos, este año tendrá lugar un hito de gran significación: Por primera vez, se integrará personal femenino a la dotación del buque escuela “Esmeralda”. Así, en su próximo crucero de instrucción, participarán 30 guardiamarinas, 10 marineros y 7 instructoras mujeres.

Asimismo, el programa del Presidente Piñera plantea perfeccionar el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y avanzar hacia remuneraciones, cito textualmente, “competitivas con el mundo civil”.

Por mi parte, yo he asumido personalmente, al margen de todas las tareas propias de mi cargo, otras que estimo de evidente importancia:

Dar un fuerte impulso, en todas sus facetas, al alicaído deporte militar, porque además que me consta personalmente el valor formativo que éste tiene, es consustancial a la carrera militar y porque advierto en él un enorme potencial de prestigio, vinculación con el mundo civil e intercambio internacional que le van a venir muy bien a nuestras Fuerzas Armadas.

Asimismo me voy a esforzar por ampliar el conocimiento de las funciones que desempeñan las instituciones, ya que estoy seguro que, junto a la política de transparencia, el mejor antídoto contra quienes se empeñan en socavar su prestigio, es el conocimiento de su trabajo y el contacto ciudadano, lo que permite formarse una opinión directa y sin intermediarios del talante moral de nuestros hombres de armas.

En tal sentido, hay que tomar nota que la mejor distribución de las Fuerzas Armadas en el territorio ha significado como contrapartida cierta pérdida de comunicación física entre la civilidad y los militares, marinos y aviadores que deberemos remontar. Entre paréntesis: No conozco ninguna ciudad en Chile que vea con buenos ojos el traslado de un regimiento y sí conozco muchas que lo consideran una verdadera pérdida.

Al mismo tiempo, me he propuesto que la contribución de las Fuerzas Armadas al desarrollo nacional tenga más contenido. Hay una tarea inmediata en todo lo que dice relación con las zonas extremas, la incorporación de enormes espacios territoriales inexplorados y de zonas deshabitadas que están ajenas a los ciclos del desarrollo. Pero no sólo eso: Hay un gigantesco campo para que las Fuerzas Armadas realicen contribuciones decisivas al país, en diversas áreas de innovación tecnológica. No pocas innovaciones – la última y quizás la más conocida es Internet – han tenido su origen en el ámbito militar.

CARABINEROS DE CHILE Y POLICIA DE INVESTIGACIONES

La reciente promulgación de la ley que crea el nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, contribuirá al combate contra la delincuencia que, en menos de un año de gobierno del Presidente Piñera, exhibe importantes éxitos, pero traerá consigo un cambio de dependencia administrativa. Carabineros de Chile dependió de Interior desde 1927 – fecha de su fundación – hasta 1974 en que se trasladó a Defensa. Ahora retorna a su Ministerio original.

Sin embargo, es importante destacar que Carabineros de Chile mantendrá intacto el sello de institución policial de carácter militar que le asigna su ley orgánica.

Ese carácter es muy importante, ya que de él se desprende su organización interna y estructura jerarquizada, conformada por escalafones y grados militares que junto a su doctrina, valores y disciplina la distinguen como una de las policías más respetadas del mundo.

Es precisamente ese rasgo militar el que le permite cumplir eficazmente con las tareas que la Constitución y la ley le confieren, entre las que destacan las de prevención del delito, la investigación de los mismos, el control del orden público, el cuidado de nuestras fronteras y la protección de nuestra soberanía.

Carabineros de Chile seguirá en estrecho contacto con las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de sus altas tareas, compartiendo experiencias y conocimientos en la formación de sus oficiales y cuadros, coincidiendo en las tareas conjuntas que deberán desempeñar en el ámbito de la protección ciudadana frente a emergencias y, por cierto, participando con sus medios en situaciones de crisis internacional o de guerra externa, conforme a los requerimientos de la defensa nacional y a la planificación estratégica del Estado Mayor Conjunto y de sus órganos dependientes.

El carácter militar de Carabineros de Chile y los valores compartidos con las Fuerzas Armadas son, a no dudarlo, un patrimonio nacional de inestimable valor que debe ser preservado.

En lo que respecta a la Policía de Investigaciones, también le corresponde un rol en las situaciones excepcionales antes descritas, colaborando con sus capacidades institucionales al logro de los objetivos estratégicos de la defensa nacional.

La Policía de Investigaciones, hoy una policía de “ciclo completo”, en los últimos años ha llevado adelante un proceso de modernización institucional, marcado por la eficacia y profesionalismo de su acción, lo que se ha traducido en mayor confianza ciudadana, el producto tangible de un trabajo bien planificado y mejor ejecutado. Por lo mismo, retorna al Ministerio del Interior como una policía altamente calificada y que también está en condiciones de efectuar un importante aporte a la defensa del país, cuando ello le sea requerido.

PALABRAS FINALES

Como han podido apreciar, la defensa se encuentra en un importante proceso de transformación a fin de alcanzar los estándares de un país que, en unos pocos años, alcanzará la condición de desarrollado.

Dentro de ese proceso, el Ministerio de Defensa se encuentra en la fase final del proceso de instalación de la nueva estructura orgánica, tarea no fácil y en la que, sin distingos de ninguna especie, las asociaciones de funcionarios y el personal de los distintos organismos han contribuido con dedicación e iniciativa a la consolidación del mismo.

En consecuencia, reciba cada uno de quienes forman parte de esta Secretaría de Estado, responsable de una de las funciones esenciales para la seguridad de nuestro país, la gratitud del gobierno y del ministro que les habla por su resuelta participación en este complejo proceso.

A la mayoría de los presentes, en consonancia con la estructura curricular de cada curso, les corresponderá conocer y analizar en las aulas la mayor parte de los aspectos conceptuales de estas transformaciones. Más adelante, una vez alcanzados los grados superiores en sus distintas instituciones, serán los llamados a mantener en práctica las innovaciones que conllevan las transformaciones en desarrollo.

Finalmente, junto con dar por inauguradas las actividades académicas de las academias y escuelas aquí presentes, expreso a sus directores, profesores y alumnos los mejores anhelos de éxito durante este año de tanta trascendencia para nuestro país y para su sistema de defensa nacional.

Santiago, 14 de marzo de 2011